Jorge Olivera Castillo
(Por su importancia publicamos este artículo)
Parece que es imposible postergar las reformas económicas. Basta repasar el texto de los últimos discursos del secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, Salvador Valdés, para cerciorarse de las urgencias en acometer un proceso que debía haber comenzado después de la desde la desaparición del bloque socialista europeo, entre 1989 y 1991.
Con el cese de los multimillonarios subsidios, las adversidades socioeconómicas internas han ido profundizándose hasta alcanzar niveles preocupantes.
Una combinación de factores, entre los que se cuentan la crónica falta de liquidez, el impacto de la crisis internacional, los efectos de tres poderosos huracanes en 2008, y en última instancia el embargo estadounidense, sintetizan una realidad que podría traer consecuencias catastróficas a corto o mediano plazo.
El aplazamiento o la lentitud de los cambios, de concepto y estructurales, como se ha anunciado en reiteradas ocasiones por la alta jerarquía política y sindical, podría ser el reflejo de una lucha entre sectores conservadores y pragmáticos dentro de la cúpula de poder. Tales vacilaciones a la hora de desechar las obsoletas metodologías económicas y laborales que han provocado tantos daños al país, reproducen los anillos de una crisis con síntomas de estar en las fronteras de un estallido.
El cúmulo de problemas es tal que independientemente de las decisiones, sean estas favorables al inmovilismo o a los cambios, se corre el riesgo de perder el control y caer en los brazos de la anarquía.
Si de elegir se trata, es preferible optar por un avance en el sentido de la racionalidad y el sentido común. No hacer nada, o hacer lo mínimo, como coartada para mantener el poder, significa una total falta de responsabilidad histórica y una evidencia incontrastable en continuar apostando por un sistema con sobradas muestras de inviabilidad.
Entrar en un proceso de transformaciones profundas, conduciría, tarde o temprano, a una recomposición de la arquitectura ideológica de un sistema encabezado por el partido comunista. Esto, quizás sea uno de los puntos controversiales a la hora de presagiar los riesgos derivados del desarrollo de nuevas formas de producción, y las afectaciones que esto traería en el aspecto laboral. Ténganse en cuenta que alrededor del 90 % de los trabajadores cubanos pertenece a entidades estatales, y ya anuncian el despido de más de un millón de personas, que representan no menos del 20% de la población laboralmente activa.
Proceder a implantar esta medida, sin las debidas compensaciones, en el sentido de legalizar y estimular la empresa privada, entre otros aspectos de notable importancia en la creación de una sociedad eficiente y competitiva, significaría un peligroso acercamiento a la ruptura del ya frágil tejido social. De acuerdo al énfasis de los jerarcas del régimen, estamos en el umbral de una Cuba diferente, al menos en el aspecto económico.
Salvador Valdés, el máximo líder del sindicato oficialista, ha alertado sobre los extraordinarios esfuerzos que deberá enfrentar la clase obrera, en aras de actualizar el modelo económico. El tono y la reiteración del discurso, subraya que apenas hay espacio de maniobra. Es necesario un cambio de rumbo. ¿Hasta dónde llegarán las reformas? ¿Se atreverá la nomenclatura a encabezar el desmontaje, pieza por pieza, de su fracasada revolución?
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