Jorge Olivera Castillo, Sindical Press
Extender, en los próximos meses, las autorizaciones para desempeñar los llamados trabajos por cuenta propia, tal y como lo prometiera Raúl Castro, no significa que esté garantizado el éxito de una gestión que se sitúa en la antípodas del socialismo real.
Mientras continúen prevaleciendo conceptos basados en la preeminencia del Estado en todas las estructuras que conforman la nación cubana, es imposible pensar en una favorable evolución de cualquier intento liberalizador.
La burocracia partidista tiene intereses indisolublemente ligados al inmovilismo. Sería utópico vaticinar una renuncia, tan siquiera parcial, a lo que constituye parte de su esencia. Más allá de sus dogmas, solo hay enemigos de clase, que hay que someter de cualquier manera, y claras intenciones por conservar un estatus basado en la ideología, de ordeno y mando, tomada de los viejos manuales de marxismo-leninismo.
Salvo alguna retórica con cierto nivel crítico en la superficie, en el trasfondo las cosas permanecen igual. La mentalidad no se desplaza hacia formas menos rígidas, al menos en los círculos que elaboran las políticas de gobierno.
Puede que haya algunas quebraduras en el monolito, pero por el momento no son representativas de un proceso de inminente ruptura en el núcleo principal de la élite de poder. Zafarse totalmente de las cadenas del Estado, seguirá siendo un deseo insatisfecho para quienes aguardan por el permiso que les permitirá comenzar sus labores como trabajadores por cuenta propia.
Un ejemplo ilustrativo de lo complicado que resulta ejercer este tipo de trabajo en Cuba y que, sin dudas, tendrá otros inconvenientes en una eventual ampliación de esta modalidad laboral, apareció recientemente publicado en la sección Cartas a la Dirección, del periódico Granma.
Allí se explica el caso de una señora que se dedica al alquiler de trajes, tras obtener desde hace un año, la correspondiente licencia. Entre sus preocupaciones cita la malintencionada supervisión de las inspectoras del Poder Popular.
Al margen de tener que admitir tales visitas con carácter mensual, de acuerdo a lo establecido por la ley, debe soportar el inflexible escrutinio de las funcionarias en la búsqueda de motivos para aplicar multas que en ocasiones superan los 250 pesos.
Según le explicaron en el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, la inexistencia de especificaciones en el reglamento, respecto al oficio que realiza, permite la discrecionalidad de los inspectores en el momento de verificar los pormenores del negocio familiar.
A modo de ejemplo, la afectada se refiere al requerimiento de los funcionarios en cuanto a la obligatoriedad de presentar los comprobantes del detergente utilizado en el lavado de los trajes. Al plantear su inquietud en el ministerio, le respondieron que no debería ser así, puesto que ella podría enviarlos a una lavandería estatal o a alguien dedicado a hacerlo particularmente.
En su breve exposición de razones que considera onerosas para poder brindar un óptimo servicio, plantea la necesidad de mostrar los comprobantes de la tela usada en la confección de las prendas de vestir que alquila. Ante tal dilema, subraya que no hace un traje todos los meses, y además, indica el envío por parte de su familia residente en el extranjero de alguna que otra prenda de vestir para ayudar a la eficacia del negocio.
Esto último, las inspectoras le han comunicado que es ilegal. Toda la materia prima debe adquirirla en las llamadas Tiendas Recaudadoras de Divisas (TRD) o en el mercado de confecciones tropicales, ambas entidades ubicadas en el territorio nacional.
Para concluir, nada más valioso que una pregunta de la atribulada trabajadora por cuenta propia: “Con tantas restricciones, ¿Cómo podremos salir adelante en la economía?
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